Por Mtro. Juan Carlos Chávez Martínez – 09/03/2025
Introducción
La transparencia y el acceso a la información son pilares fundamentales de una democracia funcional. En México, se prevé que las reformas constitucionales recientes transformarán el escenario institucional, llevando a la desaparición de órganos autónomos encargados de garantizar estos derechos, tanto a nivel federal como estatal. Este artículo analiza cómo la extinción de órganos garantes estatales, como el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (OGAIPO), y la transferencia de sus funciones a las secretarías de estado, se llevarán a cabo sin mayores retos, gracias a la existencia de expertos y estructuras capacitadas para asumir estas responsabilidades.
Desarrollo
- Contexto de la Reforma Constitucional
En noviembre de 2024, el Senado mexicano aprobó la desaparición de siete órganos y entes autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como parte de una reforma constitucional orientada a la «simplificación orgánica» del Estado. Las funciones de estos organismos serán redistribuidas entre diversas secretarías de gobierno. Por ejemplo, la recién creada Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno asumirá responsabilidades relacionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
- Extinción de Órganos Garantes Estatales y Transferencia de Funciones
Siguiendo la tendencia federal, se propone que los órganos garantes de transparencia a nivel estatal, como el OGAIPO en Oaxaca, sean extinguidos y que sus funciones sean absorbidas por las secretarías de estado correspondientes. Esta medida busca centralizar y optimizar la gestión de la transparencia y el acceso a la información.
- Transición sin Retos Mayores
Se anticipa que la transición de funciones de los órganos garantes estatales a las secretarías de estado no presentará retos significativos. Esto se debe a que las secretarías cuentan con expertos y estructuras ya establecidas que son capaces de asumir estas responsabilidades de manera eficiente.
a) Capacidad Institucional: Las secretarías que absorberán estas funciones disponen de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para cumplir eficazmente con sus nuevas responsabilidades. La experiencia y preparación en áreas específicas de transparencia y protección de datos personales asegurarán una atención de calidad a la ciudadanía.
b) Confianza Ciudadana: La integración de estas funciones en las secretarías de estado no debería mermar la confianza de la población en la transparencia gubernamental. La continuidad en la promoción de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción se mantendrá firme, fortaleciendo la relación entre el gobierno y la ciudadanía.
c) Armonización Legislativa: Las legislaciones estatales se adaptarán eficazmente para reflejar la nueva estructura institucional. Esta armonización garantizará que los principios de transparencia y acceso a la información se mantengan vigentes y efectivos en el ámbito estatal.
d) Coordinación Interinstitucional: La implementación de políticas de transparencia se llevará a cabo con una adecuada coordinación entre las diversas entidades gubernamentales. La claridad en las competencias y responsabilidades de cada institución permitirá una gestión eficiente de la información pública.
Conclusiones
La futura extinción de los órganos garantes estatales de transparencia y la transferencia de sus funciones a las secretarías de estado representan un cambio significativo en la estructura administrativa de México. Se anticipa que las nuevas entidades encargadas de la transparencia operarán con eficiencia, respaldadas por la experiencia de sus expertos y estructuras consolidadas. De esta manera, se garantizará que el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas continúen siendo pilares de la democracia mexicana.