Por Magistrada Gloria Ángeles Cruz López 22/10/2025
El 17 de octubre de 1953 se promulgó la reforma constitucional que dio la posibilidad a las mujeres mexicanas de participar en la vida política del país. A 72 años del reconocimiento constitucional del derecho al voto de las mujeres, la lucha por la participación política para incidir en la vida pública rinde frutos, aunque los resultados deben evolucionar ante barreras y desafíos.
El principio de paridad de género, establecido en 2014 en el artículo 41 de la CPEUM, refleja los resultados de una lucha constante de las mujeres por tomar su lugar en los sistemas de toma de decisiones. Asimismo, la sanción de la violencia política en razón de género (VPG) a partir de las reformas del 2019 de la legislación electoral, nos permiten contar con una serie de mecanismos jurídicos e institucionales para su abordaje, tales como la invalidación de elecciones y la inhabilitación de personas servidoras públicas agresoras; aunque los retos más básicos persisten, como lo es el lograr condiciones de igualdad en el ejercicio de cargos públicos y garantizar el acceso a la justicia.
El feminismo interseccional, propuesto por la investigadora estadounidense, Angela Davis, y matizado por los aportes de la investigadora oaxaqueña, Yásnaya Aguilar, sobre mujeres racializadas de los pueblos originarios, nos permite identificar cómo el ejercicio de los derechos político-electorales no se ha logrado universalizar para cubrir a las mujeres indígenas y afromexicanas, quienes enfrentan manifestaciones específicas de violencia política en razón de género, tanto en los sistemas de partidos políticos como en los municipios regidos por sus sistemas normativos internos.
Una de las consecuencias de la violencia política en razón de género contra las mujeres es que dificulta la materialización de la paridad de género, especialmente en los gobiernos municipales. En el estado de Oaxaca, en 2023, tan sólo el 7% de los 418 municipios regidos por sistemas normativos internos tienen mujeres como presidentas municipales. La violencia política en razón de género contra las mujeres se manifiesta primordialmente en obstrucciones al ejercicio del cargo; tan solo en 2024 se reportó que el 59% de los procesos de elecciones extraordinarias derivaron de renuncias de mujeres, frente a 27% de renuncias de hombres. Hay pocas mujeres presidentas municipales y las que hay, enfrentan violencia política para ejercer el cargo, desde obstrucciones hasta violencia física.
La participación política de las mujeres, aunque siempre presente, comenzó a florecer hace 72 años y ha tenido momentos de auge como el principio constitucional de paridad de género y las acciones afirmativas para garantizar congresos y candidaturas paritarias. Sin duda, esta lucha de las mujeres ha sentado los cimientos para que los desafíos básicos puedan ser abordados de manera objetiva, como la dificultad para identificar el elemento de género en la violencia política, al disfrazar las denuncias como “guerra sucia”, y que las mujeres puedan ejercer cargos públicos libres de violencia.
Solo así podremos materializar la esperanza del pleno ejercicio de todos los derechos político-electorales de las mujeres, especialmente las mujeres de nuestros pueblos originarios.