Por Virgilio Marón – 07/01/2026
La autodeterminación de los pueblos no admite interpretaciones selectivas. Solo los pueblos tienen el derecho exclusivo de decidir su régimen político, su forma de gobierno y el destino de sus recursos naturales. Cualquier intento de justificar intervenciones, bloqueos, sanciones extraterritoriales o “cambios de régimen” constituye una violación abierta del derecho internacional y una práctica imperial encubierta bajo un lenguaje pretendidamente humanitario (ONU, 1966). La historia latinoamericana ofrece evidencia suficiente de que estas intervenciones no buscan la democracia, sino el control político y económico.
El caso venezolano no es una anomalía, sino un síntoma. México, Centroamérica y América del Sur han sido, de manera reiterada, espacios de disputa, disciplinamiento y subordinación. Lo que hoy se perfila con mayor nitidez es la consolidación de un nuevo orden imperial, caracterizado por áreas de influencia explícitas, competencia entre grandes potencias y una erosión progresiva del multilateralismo. En este escenario, el derecho internacional deja de operar como límite y se convierte en un instrumento flexible al servicio de los vencedores (Harvey, 2003; Wallerstein, 2004).
La normalización de la injerencia y del castigo colectivo mediante sanciones económicas, que afectan directamente a las poblaciones civiles, inaugura una fase particularmente regresiva del sistema internacional. Cuando la soberanía se condiciona al alineamiento geopolítico, el orden mundial abandona cualquier pretensión de legalidad y se instala, sin eufemismos, en la lógica de la fuerza. No se trata de errores de política exterior, sino de una arquitectura deliberada de dominación.
Defender la soberanía de Venezuela no equivale a respaldar acríticamente a un gobierno. Implica asumir una posición política y ética coherente: ningún pueblo debe ser tutelado, intervenido ni saqueado en nombre de valores que solo se aplican de manera selectiva. Callar ante estas prácticas equivale a legitimarlas. En un mundo que avanza hacia una recomposición imperial sin disimulo, la defensa de la autodeterminación no es una consigna ideológica: es una línea de resistencia frente a la barbarie normalizada.
No es necesario habitar un territorio para reconocer hechos verificables ni para formular juicios políticos sustentados en el derecho internacional. La discusión sobre Venezuela ha sido deliberadamente distorsionada: se desplaza el eje hacia la figura de un gobernante para ocultar el verdadero problema de fondo, la negación sistemática del pueblo venezolano como sujeto soberano de derecho.
Ningún Estado, sin excepción, tiene legitimidad para incursionar militarmente en el territorio de otro, secuestrar a sus autoridades, imponer gobiernos o apropiarse de sus recursos. Estados Unidos, China y Rusia no constituyen una excepción a esta norma; por el contrario, su peso geopolítico agrava su responsabilidad. La prohibición del uso de la fuerza no es una declaración moral, sino una regla fundacional del orden internacional contemporáneo, establecida con claridad en la Carta de las Naciones Unidas tras las devastaciones del siglo XX (Organización de las Naciones Unidas, 1945).