Por Virgilio Marón 10/12/2025
La corrupción en la justicia de Oaxaca no terminará con informe de labores, reformas de papel o visitas institucionales que solo maquillan un sistema que, en el fondo, sigue operando con las mismas lógicas de subordinación, miedo y complacencia. Terminará —si acaso— cuando dejemos de fingir que las instituciones cumplen lo que la ley promete, y reconozcamos que muchas operan bajo incentivos informales que las llevan a actuar justo en sentido contrario.
Si bien las policías son el primer engrane institucional, quiero referirme a la Fiscalía, una institución que constitucionalmente debería investigar los delitos con objetividad, exhaustividad y apego a la evidencia. Sin embargo, la realidad cotidiana muestra lo contrario: en vez de proteger a las víctimas, con frecuencia las persigue o las extorsiona para que avance su “asunto”; en vez de investigar con datos y medios de prueba, busca “acomodar” versiones; y en no pocos casos, antes de que se resuelva en audiencia solicita apoyo del Poder Judicial del Estado para “asegurar” el resultado. La independencia entre instituciones se diluye cuando la comunicación es jerárquica y no procesal.
En todos mis años como litigante, que ya son muchos, nunca la Visitaduría General del Poder Judicial había intervenido tanto para dar línea a los jueces, situación cada vez más denunciada en las redes sociales, su mandato legal es claro: “Establecer medidas para que toda servidora o servidor público se conduzca con ética, prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción.”
Pero en la práctica ocurre lo contrario. La visitaduría no inhibe la corrupción: la administra. En lugar de vigilar a jueces y servidores judiciales, se convierte —de manera informal pero efectiva— en un canal de presión, el punto de enlace entre Fiscalía y jueces para que las resoluciones “salgan como deben salir”. Es decir, para que no incomoden a quienes detentan poder político o mediático, aun cuando eso implique violentar la verdad, la ley o la justicia.
Otro pilar indispensable es una Defensoría Pública autónoma, desligada del poder ejecutivo, con capacidad de contar con sus propios peritos, intérpretes y programas serios de capacitación. Una defensa pobre no solo afecta al imputado: distorsiona todo el sistema, porque facilita que Fiscalía y Poder Judicial mantengan inercias que jamás serían toleradas si la defensa tuviera herramientas reales para contradecirlas.
Robert Merton explicaba que toda institución tiene funciones manifiestas (las que dice cumplir) y funciones latentes (las que realmente cumple). El sistema de justicia oaxaqueño es un ejemplo perfecto:
La Fiscalía, en su función manifiesta, debe investigar delitos y encontrar al verdadero responsable. En su función latente, selecciona a quien “parezca” culpable, y luego ajusta la investigación alrededor de esa apariencia.
El Poder Judicial, en su función manifiesta, debe controlar la legalidad, garantizar derechos y decidir conforme a la prueba. En su función latente, avala investigaciones deficientes para no confrontar a quienes tienen poder o influencia institucional.
La Defensoría, en su función manifiesta, debe proteger al imputado y equilibrar el proceso. En su función latente, muchas veces simula: presenta agravios inoperantes, evita contradicciones fuertes y se resigna a perder antes de litigar.
Existe una frase de Benito Juárez dicha en el discurso de reapertura del Congreso de la Unión, 15 de julio de 1867, pronunciado al entrar nuevamente en funciones los poderes constitucionales después de la caída del Imperio de Maximiliano y que debería estar con letras de oro en los Poderes Judiciales, sobre todo en los juzgados de primer instancia, fiscalías y defensorías públicas: “El verdadero triunfo de la República es hacer que la justicia sea una realidad cotidiana.”