Por: Virgilio Marón 02/12/2025
Hace un mes el país volvió a cimbrarse. Vivimos tan rodeados de tragedias que casi parecen parte del paisaje, pero el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, el primero de noviembre, nos recordó que hay terremotos que no se pueden normalizar por más discurso que se le ponga encima. Un alcalde ejecutado es un mensaje directo: México está fallando donde más duele.
Y mientras el gobierno pedía “no exagerar”, la realidad hizo su propio inventario: protestas simultáneas, reclamos acumulados, sectores enteros hartos de pedir permiso para exigir lo básico.
Ahí estaban:
—el movimiento del sombrero que Carlos Manzo encabezaba antes de ser silenciado;
—la CNTE con su paro de 48 horas, exigiendo algo tan elemental como pensiones dignas y sindicatos democráticos;
—transportistas y campesinos paralizando carreteras para mendigar seguridad frente a extorsionadores que operan con más impunidad que un funcionario corrupto;
—la generación Z marchando porque el futuro ya no alcanza;
—las mujeres exigiendo, otra vez, que dejen de matarlas;
—y Ayotzinapa recordando que la verdad oficial sigue siendo una ficción gubernamental.
Todos distintos, todos urgentes, todos ignorados.
Se entretejen intereses, claro: poderes, oposiciones, oportunistas y vivales. Pero debajo de ese ruido hay un país reventando por las costuras:
inseguridad sin tregua, corrupción que no se detiene, crecimiento económico que no llega ni por decreto, pobreza que avanza, desigualdades que se profundizan, empleo informal que traga generaciones, pensiones que son una burla, escasez de agua y un desastre ambiental en cámara lenta.
Y frente a eso, ¿qué ofrece el gobierno?
Una métrica insólita: resolver los problemas con marchas, plantones y demostraciones de músculo, como si llenar plazas fuera el sustituto de gobernar.
En esa lógica, el seis de diciembre se vuelve la fecha fetiche: una gran movilización nacional para “defender la gestión” y para “celebrar siete años de transformación”, aunque la transformación tenga hoy más grietas que el sistema de agua potable.
Pero lo más corrosivo no es la marcha: es lo que revela.
La presidenta, atrapada entre gobernadores con expedientes de corrupción, redes de nepotismo y amistades peligrosas con el crimen organizado, termina cargando el costo político de un aparato que cada día se acerca más a la podredumbre que juró combatir. Y aun así pretende que los acarreos , pagados con recursos públicos, funcionen como prueba de fortaleza.
La protesta como anestesia.
El músculo como simulación.
La plaza llena como cortina de humo.
Paradójicamente, el mismo gobierno que pide “no movilizarse porque hay diálogo” ahora convoca a marchar porque no tiene respuestas. Es el círculo perfecto de la incongruencia: la calle como válvula, como pasarela, como distractor… y como medida desesperada para no admitir que los problemas centrales del país no se resuelven con tambora y banderitas.
Porque basta un magnicidio, una crisis económica profunda o un estallido social para desbaratar cualquier megamarcha.
Basta la realidad, que es más alta que cualquier templete.
Basta México, que ya está harto de que le pidan mostrar músculo cuando lo único que falta es que quienes gobiernan muestren gobierno.