Oaxaca, Oax., 1 de diciembre de 2025
Dentro de la práctica jurídica, la atención a sectores vulnerables es una constante. Los múltiples escenarios para los cuales nos hemos preparado técnicamente con estudios, actualización normativa y experiencia profesional durante muchos años parecían ser suficientes. Contar con la respuesta jurídica adecuada, diseñar la estrategia idónea y disponer del conocimiento operativo para ejecutarla solía definirnos como buenas o buenos abogados, evaluados principalmente por la obtención de un buen resultado.
Hoy, sin embargo, los elementos subjetivos involucrados en el acompañamiento a nuestros clientes nos exigen aún más. El ejercicio profesional contemporáneo demanda integrar competencias jurídicas con habilidades comunicativas, sensibilidades éticas y comprensión de la dimensión humana del conflicto.
En ese acompañamiento lleno de responsabilidad, ha surgido la necesidad de no solo resolver favorablemente el asunto, sino también procurar la vivencia sana y segura del proceso. Las abogadas y los abogados somos, en muchos casos, el primer punto de contacto en la búsqueda de justicia; somos el primer oído frente a una relatoría cargada de incertidumbre y vulnerabilidad partiendo de que la intención misma de buscar representación legal nace de una preocupación, de una necesidad de protección genuina., este primer encuentro constituye un espacio decisivo para generar confianza y establecer un vínculo profesional respetuoso, ético y orientado a la protección.
En este espacio me referiré especialmente a las mujeres que viven violencia de género y que acuden a nosotros en busca de orientación y defensa, pues la atención de este tipo de asuntos exige un abordaje especializado que combine conocimientos legales con competencias comunicativas, sensibilidad ética, empatía y comprensión de los efectos y consecuencias del trauma. Esto se alinea con los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que establecen la obligación de los Estados y por extensión, de sus operadores jurídicos, de actuar con perspectiva de género, eliminar estereotipos y garantizar que las prácticas comunicativas y procesales no reproduzcan discriminación ni violencia institucional.
Las y los profesionales del derecho desempeñamos un papel central en la protección de derechos, la orientación en momentos de crisis y la construcción de estrategias jurídicas seguras para la toma de decisiones. En este contexto, la comunicación adquiere un carácter no solo estratégico sino también ético, al constituir el medio para acceder a información relevante, generar confianza y asegurar el ejercicio pleno de la autonomía de las víctimas. Esta exigencia está respaldada por lineamientos ético-jurídicos nacionales e internacionales, que enfatizan el deber de diligencia, la no revictimización y el acceso efectivo a la justicia.
Para ello, entre profesionales del derecho y mujeres en situación de violencia deben establecerse principios fundamentales como la escucha activa, el lenguaje accesible y el trato digno. La escucha activa implica prestar atención a las expresiones verbales y no verbales, evitar juicios anticipados y asegurar condiciones adecuadas de privacidad. Este enfoque reconoce que las víctimas enfrentan emociones intensas como miedo, inseguridad, culpa, vergüenza y requieren entornos seguros para expresar sus necesidades. El uso de un lenguaje claro y sencillo contribuye a que comprendan las implicaciones de cada procedimiento jurídico, permitiéndoles tomar decisiones informadas sin sentirse presionadas o invalidadas.
Estas prácticas son esenciales para prevenir la revictimización, concepto desarrollado desde la psicología del trauma y la criminología, que advierte cómo una intervención inadecuada por parte de instituciones o profesionales puede convertirse en un daño emocional, generar desconfianza y disuadir la búsqueda de justicia.
Evitar cuestionamientos sobre la permanencia en una relación violenta, la demora en denunciar, las dudas injustificadas o cualquier juicio verbal o no verbal es indispensable, pues estas conductas pueden romper el ambiente respetuoso y afectar la calidad de la información. Además, este enfoque fortalece la validez del proceso jurídico al reducir distorsiones derivadas del estrés traumático.
Otro elemento fundamental es la comprensión del trauma y sus implicaciones, entender que las experiencias de violencia tienen injerencia importante en la memoria, en la manera de expresarse y sobre todo en la coherencia narrativa. Es común que las víctimas presenten lagunas, contradicciones o conductas de aparente desconexión emocional. Conocer estos efectos de la violencia nos permiten entender y ajustar nuestra comunicación para evitar interpretaciones equivocadas que afecten la valoración de los testimonios o el curso del proceso.
La contención implica evitar minimizaciones del sufrimiento y brindar orientaciones claras encaminadas a la seguridad inmediata. En situaciones de crisis, los primeros auxilios psicológicos: proteger, escuchar y conectar, ofrecen un marco adecuado para intervenir sin invadir competencias profesionales ajenas. De igual manera, la presentación clara de las opciones legales, el priorizar las órdenes de protección, los refugios, las medidas provisionales, fortalece la seguridad de las víctimas.
La comunicación sensible también debe adaptarse a las realidades diversas. La violencia no se vive de manera homogénea: la edad, la condición social, la etnia, la discapacidad o el contexto específico generan experiencias diferenciadas. Este enfoque interseccional asegura un acceso igualitario a la justicia y evita sesgos en la representación jurídica.
De igual manera, la incorporación de metodologías de evaluación de riesgo, como análisis de factores de letalidad, evaluación de riesgo feminicida o instrumentos de riesgo integral, permite orientar decisiones jurídicas más seguras. Detectar patrones de violencia escalada, acceso a armas, conductas de coerción o aislamiento, proporciona elementos para definir medidas urgentes y adecuadas.
Finalmente, el trabajo de las abogadas y abogados que intervienen constantemente en casos de violencia conlleva riesgos de desgaste emocional. La exposición reiterada a narrativas traumáticas puede producir estrés secundario, fatiga por compasión o burnout. El autocuidado, la supervisión profesional y el establecimiento de límites éticos resultan esenciales para la sostenibilidad del ejercicio jurídico.
En conjunto, la comunicación efectiva y el acompañamiento sensible, fortalecidos por psicología del trauma, estándares internacionales, metodologías de evaluación de riesgo y lineamientos ético-jurídicos, constituyen pilares de una defensa integral de los derechos de las mujeres. Su incorporación sistemática en la formación jurídica fortalece la calidad de la atención, previene daños adicionales y contribuye a la erradicación de la violencia de género desde una perspectiva jurídica, ética y humanitaria.
MTRA. SARAI RODELO GONZÁLEZ
rodelo.estudiojuridico@gmail.com
COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN
DE LA BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS, A.C. CAPITULO OAXACA