Por Virgilio Mirón 29/09/2025
Cómo olvidar cuando los padres conversaban con alegría: “mi hijo ya es maestro” decía uno, y otro respondía: “el mío ya es petrolero, su vida va a cambiar”. Eran tiempos en que ser maestro o petrolero significaba un futuro seguro, con prestaciones y una jubilación digna, algo que ellos no habían tenido.
Hoy la realidad es distinta: los maestros marchan en las calles y los petroleros se preparan para hacerlo, exigiendo mejores salarios y, más recientemente, mejores pensiones. “Al menos que ganemos lo que ganábamos mientras trabajábamos”, reclaman. Sus compañeros jubilados denuncian: “estamos bien jodidos, nos dan apenas la cuarta parte de lo que ganábamos en activo”. Su consigna es clara: ¡Ni UMAS, ni AFORES, sistema solidario de pensiones!
Y no es para menos. Con la reforma al ISSSTE de 2007, el gobierno dejó de administrar las pensiones y las entregó a los banqueros, en las llamadas AFORES. En la práctica, se privatizaron los ahorros de millones de trabajadores, beneficiando a los más ricos del país —Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, entre otros— a costa de desaparecer derechos como el aguinaldo, los préstamos personales e hipotecarios, el seguro de vida y, sobre todo, la jubilación completa.
El caso de un maestro de primaria es ejemplo de ello. Tras 34 años de servicio, con 65 años y más de 25 cotizados, el gobierno le “garantiza” una pensión de apenas 6,670 pesos mensuales, cuando en activo ganaba más de 18,000. Le dicen que no se preocupe, que ahora existe un Fondo de Pensiones para el Bienestar, del cual recibirá otros 5,030 pesos para complementar su pensión. Pero esa ayuda depende de que haya recursos en el fondo, y aun con ese apoyo no alcanza lo que ganaba, porque la pensión se calcula solo sobre el salario base, sin incluir prestaciones.
Algo similar enfrentarán los 23.6 millones de trabajadores del IMSS, los 3.2 millones del ISSSTE y los 140 mil de PEMEX: al jubilarse, recibirán entre el 40% y 60% de su salario. Peor aún, se estima que el 75% de los trabajadores del IMSS no alcanzará pensión a pesar de haber cotizado toda su vida laboral.
La conclusión es inevitable: de no buscarse una nueva solución, millones de adultos mayores se verán obligados a seguir trabajando, depender de sus familiares o sobrevivir con apoyos gubernamentales como la pensión para adultos mayores, que resulta insuficiente para cubrir siquiera medicamentos y gastos básicos de salud.
Los expertos advierten: si el gobierno retoma la administración de las pensiones, habrá presión sobre las finanzas públicas, pero si no lo hace, la presión social será aún mayor cuando millones de ancianos vivan en pobreza y abandono.
La salida no está en el extremo de privatizar ni en el de estatizar. Se requiere un gran diálogo nacional, con auténtica participación social, para construir un nuevo modelo de pensiones equilibrado, que asegure a los jubilados una vida digna y que al mismo tiempo garantice estabilidad económica.
Mientras tanto, los maestros ya levantan la voz. La CNTE y la Sección 22 se preparan para salir a las calles. En breve se unirán más trabajadores de Oaxaca y de todo México. La lucha no será corta: los intereses que mueven al sistema privatizado de pensiones —empezando por los banqueros y las millonarias ganancias que obtienen de las AFORES— no se soltarán fácilmente.
Se avecinan paros y movilizaciones intensas.
Las posiciones están polarizadas.
Los actores: burócratas, los maestros y el gobierno federal.
La jubilación, aún pendiente.