A gavel striking a sound block, symbolizing justice and legal authority in a courtroom setting.

Por: Virgilio Marón / 20 de septiembre de 2025.

Oaxaca, Oax.- El 15 de septiembre de 2024 se publicó en la Constitución Federal una reforma que transformó la integración del Poder Judicial: ahora las Ministras y Ministros, así como las Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces, serán electos por voto popular. Además, se crearon dos nuevas instituciones: el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración Judicial.

La misma reforma ordenó a los estados y a la Ciudad de México ajustar sus constituciones locales para armonizarse con los nuevos lineamientos. En ese contexto, el 14 de marzo de 2025 se aprobó en Oaxaca una modificación a la Constitución local respecto del Poder Judicial. Sin embargo, esta reforma contiene errores preocupantes que no solo afectan la técnica legislativa, sino también los derechos de quienes integran dicho poder.

Derechos laborales en riesgo

Mientras que la Constitución Federal garantiza expresamente en su transitorio decimo que “los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial (…) serán respetados en su totalidad”, la Constitución de Oaxaca en su transitorio sexto condiciona esa protección a lo que dispongan las futuras leyes locales.

Esto significa que el personal de base y de confianza —que no son jueces ni magistrados— corre el riesgo de ver disminuidos o incluso eliminados derechos adquiridos. La redacción local abre un espacio de incertidumbre que debe ser revisado de inmediato por los sindicatos, pues de lo contrario los trabajadores podrían enfrentar un retroceso en conquistas laborales históricas.

Indemnización omitida

Otro punto grave es la falta de armonización en materia de compensaciones. La reforma federal establece que quienes ejerzan como juezas, jueces, magistradas o magistrados y no resulten electos para un nuevo periodo tienen derecho a recibir tres meses de salario integrado más veinte días por cada año de servicio.

La Constitución local de Oaxaca, en cambio, omitió completamente este beneficio. Con ello, deja en estado de indefensión a quienes han construido una carrera judicial, generando un trato desigual e injusto frente a lo dispuesto a nivel nacional.

Una reforma impugnable

Las omisiones señaladas muestran que la reforma local no cumplió con el mandato de armonización previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución Federal. Garantizar certeza jurídica y respetar los derechos laborales del personal judicial no debería ser opcional, sino una obligación. Oaxaca necesita corregir su reforma para estar a la altura del compromiso nacional con la independencia judicial y la justicia laboral.

Esperamos una actuación activa por los jueces que actualmente están en funciones ya que son los que, SI tienen carrera judicial, no por lo Magistrados porque todos los que están actualmente han demostrado únicamente su desprecio a la judicatura vendiendo lo poco que queda de independencia judicial con su revanchismo, sus ansias de poder y miedo a la orfandad.

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