Por Virgilio Marón – 25/02/2026
En el debate público se habla de independencia judicial, de voto popular, de legitimidad democrática y de combate a privilegios. Pero poco se habla de un dato elemental que la ciudadanía debería conocer antes de la elección judicial de 2027: ¿cuánto gana realmente cada cargo dentro del Poder Judicial de Oaxaca?
Según los tabuladores oficiales publicados en transparencia, un magistrado nivel 23 A percibe un salario mensual neto de
$104,951.20. Un juez —nivel 17 C— recibe $40,356.98 netos al mes. La diferencia no es menor: 160% más, es decir un magistrado gana 2.6 veces lo que gana un juez.
El Visitador General y los Directores del Poder Judicial perciben $61,945.85, mientras que un mediador gana $19,393.40. Un Jefe de Causa obtiene $13,781.00, apenas cien pesos más que un Jefe de Oficina 15, que gana $13,621.10. Es decir, la diferencia jerárquica en algunos niveles equivale literalmente a un refresco y unas papas fritas.
En los niveles inferiores se encuentra el auxiliar administrativo con $9,708.60 mensuales, cifra inferior al umbral que el propio discurso gubernamental reconoce como mínimo para subsistir (aproximadamente $10,500 mensuales).
El salario de los magistrados en Oaxaca se encuentra entre los más altos del país en términos comparativos estatales. En contraste, el salario de los jueces oaxaqueños es el más bajo a nivel nacional. Esta disparidad genera una tensión interna grave: quienes resuelven en primera instancia y deciden sobre la libertad y los derechos fundamentales, perciben remuneraciones que no guardan proporción con la responsabilidad constitucional que asumen.
Pero debajo de los jueces existe un mundo aún más invisibilizado: secretarios, actuarios, auxiliares, jefes de oficina y personal administrativo. Sin ellos el sistema colapsa. Sin embargo, su estructura salarial refleja precarización
y no profesionalización.
Históricamente, los magistrados decidían quién sería Presidente del Tribunal Superior de Justicia y concentraban poder político y control presupuestal. La reforma creó el Órgano de Administración Judicial, separando la función jurisdiccional de la administrativa. Si las funciones cambiaron, el esquema salarial debe ser evaluado bajo nuevos parámetros funcionales.
La elección judicial introduce un factor nuevo: la necesidad de votos. Y donde hay votos, hay operadores políticos, estructuras territoriales, financiamiento y respaldo de grupos de poder. Si un juez o magistrado electo depende de quién le consiguió votos, su independencia estructural se debilita.
Por ello deben pensarse mecanismos adicionales de protección frente a poderes fácticos, crimen organizado, sindicatos corporativos, partidos políticos y presiones de otros poderes del Estado. Debatir garantías reforzadas, incluso figuras como el fuero constitucional que se le da a los diputados, no es una idea descabellada cuando la independencia va a enfrentarse a dinámicas electorales.