Por Virgilio Marón 10/02/2026
¿Cómo se sentiría, estimado lector, si su detención, su proceso o su libertad dependieran no de la verdad de los hechos ni del derecho aplicable, sino de los acuerdos tomados en una mesa política entre el Poder Ejecutivo, la Fiscalía y la Presidencia del Tribunal de Oaxaca?
La participación regular del Poder Judicial en mesas de seguridad encabezadas por el Ejecutivo, donde se discuten estrategias, objetivos y prioridades políticas en materia penal, rompe esa apariencia objetiva de independencia.
De nada sirve separar formalmente funciones si, en la práctica, se crean espacios de “coordinación” política en los que quienes deben juzgar, acusar o defender participan junto al Ejecutivo en la definición de estrategias de “seguridad”.
La independencia judicial no se pierde únicamente cuando hay órdenes explícitas. También se lastima cuando existen relaciones estructurales de subordinación, coordinación política o presión indirecta.
La Corte Interamericana ha sido clara al respecto. En el caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, la Corte sostuvo que la independencia judicial exige que los jueces no se encuentren sometidos a presiones externas, directas o indirectas, provenientes de otros poderes del Estado.
Más aún, la Corte ha enfatizado que no basta la independencia subjetiva, sino que debe existir una apariencia objetiva de independencia, de modo que la ciudadanía pueda confiar en que las decisiones judiciales no responden a intereses políticos.
En López Lone y otros vs. Honduras, el tribunal interamericano afirmó que la independencia judicial implica que los jueces no solo deben ser independientes, sino parecerlo ante la sociedad, pues la confianza pública en la justicia es esencial en un Estado democrático.
Cuando el Poder Judicial se sienta por que el ejecutivo lo “invita” en mesas donde se habla de detenciones “prioritarias” o mensajes políticos de seguridad, abandona su posición de tercero imparcial y se vuelve —aunque sea simbólicamente— subordinado del Gobernador, del Fiscal y la policía, y cuando eso ocurre estamos ante una justicia muy pobre pero además falsa.