Por Virgilio Marón – 26/01/2026
La reciente jornada de revocación del mandato del Gobernador en Oaxaca no puede leerse como un simple trámite democrático fallido o exitoso. Más bien, debe asumirse como un espejo incómodo que refleja las debilidades institucionales, las simulaciones políticas y los retos pendientes de nuestra democracia local. Lejos de cerrar un capítulo, el proceso abre varias reflexiones necesarias.
La ley fue clara: desde la convocatoria emitida el año pasado y hasta el día de la jornada, debía suspenderse toda propaganda gubernamental y política relacionada con los poderes públicos. Sin embargo, en los hechos, la propaganda continuó de manera abierta y sistemática, como si la norma no existiera.
Más grave aún es que el órgano electoral encargado de vigilar y sancionar estas conductas fue prácticamente invisible. No hubo llamados efectivos, no hubo consecuencias, no hubo autoridad. Cuando la ley se incumple de forma generalizada sin reacción institucional, el mensaje es peligroso: la norma se vuelve decorativa y la legalidad opcional.
La participación ciudadana no alcanzó el umbral constitucional. El diseño del mecanismo de revocación establece un requisito mínimo claro: la participación de al menos el 40% de la lista nominal, es decir, aproximadamente un millón doscientas mil personas. Esa meta no se alcanzó.
Este dato, por sí solo, tiene una consecuencia jurídica insoslayable: el ejercicio no es vinculante. No importa la narrativa política posterior ni los intentos de reinterpretación; la Constitución y la ley no se negocian después del resultado.
La baja participación (29.9%) no solo invalida efectos jurídicos, también revela desinterés, desconfianza o fatiga democrática, factores que deben preocupar seriamente a quienes impulsan estos mecanismos.
Aun así, hay un dato que no puede minimizarse ni ocultarse: el 40% de quienes sí acudieron a votar lo hizo para que el gobernador no continuara en el cargo. Aunque jurídicamente insuficiente para revocar el mandato, políticamente es un llamado de atención serio. Ese porcentaje representa descontento real, percepción de fallas y una distancia creciente entre gobierno y una parte relevante de la ciudadanía que sí decidió expresarse en las urnas.
Si algo deja claro este proceso es que la democracia no se agota en convocar consultas, sino que exige reglas respetadas, autoridades vigilantes y una ciudadanía que confíe en que su participación tiene sentido real. De lo contrario, la revocación del mandato corre el riesgo de convertirse no en un instrumento de control democrático, sino en un ejercicio simbólico sin consecuencias jurídicas y con altos costos políticos e institucionales.
Las personas que no votaron representan el 70.1%, 3 de cada 10 personas si votaron, 7 de cada 10 no lo hicieron, sumando los que no votaron y los que votaron por que no siguiera el gobernador nos da un resultado de 2 millones 401 mil votos, un 81.78%, solo el 18.2% del padrón voto por la continuidad.
Si el pueblo pone y el pueblo quita, ¿a que pueblo nos referimos?