Por Virgilio Marón 24/11/2025
Hay decisiones institucionales que parecen mapas: trazan rutas y abren caminos. Pero hay otras que, bajo el nombre de reforma, cierran puertas. El Acuerdo General 19/2025 del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, que concentra los juicios colegiados en Tanivet y Ejutla, pertenece a esta segunda categoría. No expande horizontes: los reduce.
Una justicia encerrada en dos ubicaciones difícilmente puede escuchar a un Estado entero. Resulta contradictorio que, mientras un acuerdo promete “la justicia más cerca de ti”, otro empuje a la ciudadanía hacia una justicia cada vez más lejana.
El documento presume estudios, pero no los muestra. Habla de equidad, pero no ofrece cifras. “La democracia vive de la luz”: de la transparencia que permite entender las decisiones públicas. Sin ella, solo queda una penumbra normativa que alarga las dudas y encoge la confianza.
El camino que se aleja de quienes más lo necesitan
En Oaxaca, donde cada sierra es un desafío, la justicia debería ser un puente, no un trayecto interminable. Concentrar los juicios colegiados en dos sedes desconoce que la geografía también es un derecho, que la distancia puede convertirse en muro y que no todas las víctimas pueden pagar taxis, autobuses o ausencias laborales para llegar a Tanivet o Ejutla.
“La jurisdicción debe ser accesible, porque solo así es garantía”, han señalado penalistas en todo el mundo. Pero la accesibilidad no se decreta: se construye. Y cuando la justicia se aleja, deja de ser abrigo y se convierte en invierno.
Una transición sin brújula
El acuerdo promete una asignación “automatizada y equitativa”. Palabras hermosas, como piedras pulidas por el río. Pero sin reglas claras, son solo piedras en el camino. Si el reparto de casos es una caja negra, la justicia se vuelve apuesta y el juez natural, un espejo empañado.
La Comisión de Adscripción podrá trasladar jueces “según las necesidades del servicio”. Pero las personas juzgadoras no son fichas de ajedrez: son biografías que sostienen la palabra pública. Moverlas sin criterios es, como advierte la ONU, una forma silenciosa de presión que erosiona la independencia interna.
Mientras los nuevos tribunales toman forma, los anteriores deben concluir sus procesos. Es una doble carga sin calendario, un barco que zarpa sin saber a qué puerto llegará. Jon Elster nos recuerda que “las instituciones improvisadas suelen naufragar antes de tocar tierra”. Y este tránsito, sin plazos ni métricas, es más tormenta que navegación.
La justicia no es un edificio: es un derecho
Rawls sostuvo que las instituciones deben diseñarse sin favoritismos, desde una mirada que ignore a quién beneficia o perjudica. Pero este acuerdo no mira desde esa ceguera virtuosa: observa desde dos puntos del mapa y pide a todo Oaxaca que camine hacia ellos.
La justicia, si quiere ser justa, no puede encerrarse en uno o dos lugares. Debe moverse con la gente, latir donde laten sus historias. No puede ocultarse en Tanivet y Ejutla como si el resto del Estado fuera una distancia tolerable.
Hay decisiones que tienden puentes y otras que levantan muros. Si este acuerdo no se corrige, corre el riesgo de erigir un muro de kilómetros entre la ciudadanía y su tribunal. Y un tribunal lejos es, siempre, un tribunal que no escucha.