Antonio Fourzan
Cuando el gobierno del ex presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el crimen organizado y sacó al ejercito de los cuarteles para combatir la delincuencia en las calles, fue duramente criticado por la oposición y su más férreo crítico era López Obrador, quien hoy, al frente del gobierno de la 4T, tiene al ejército a cargo de la seguridad, vestido de Guardia Nacional y pese a que la experiencia del sexenio de Calderón, a la cual, posteriormente se sumó la de Peña Nieto, demostró que no es una estrategia adecuada para eliminar la delincuencia, hoy no solo está el ejército en las calles, sino también tiene a su cargo tareas que nunca antes habían estado bajo la competencia de los militares, como son el manejo de las aduanas y la realización de obra pública, como es el caso de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, entre otras de menor importancia.
Esta política podría tener como fundamento el hecho de que el ejército es la institución más confiable, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, en la cual obtuvo un índice de aprobación de 63.8%, seguido por la Guardia Nacional, con 60.5%. Adicionalmente, la magnitud que han alcanzado los problemas de inseguridad y violencia en la percepción de la ciudadanía, como lo revela la última encuesta del Latinobarómetro, estudio que reporta que la mayoría de la población considera a la inseguridad, como una de sus principales preocupaciones, obliga a los gobiernos de la región a instrumentar una solución de gran envergadura, razón por la cual, el despliegue de los militares para atender esta problemática, ha resultado una alternativa muy popular, aunque, insisto, en los hechos, no ha dado los resultados esperados, por el contrario, la situación empeora, como lo reflejan las estadísticas sobre homicidios dolosos, que colocan a estos 3 años de gobierno como los más violentos en la historia del país, con más de 100 mil asesinatos.
Adicionalmente, la estrategia de militarización no está alineada con el concepto de seguridad ciudadana. “La seguridad ciudadana se refiere a una situación donde las personas viven libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, practicadas tanto por actores estatales como no estatales, de tal manera que puedan disfrutar libremente de sus derechos humanos. Es una visión de la seguridad distinta al concepto de la seguridad pública o seguridad interior, en tanto su objetivo no es únicamente detener la delincuencia, sino generar un ambiente propicio para la convivencia pacífica de las personas”. (1)
“Esta visión aspira a la libertad y equidad para todos. La libertad de la ciudadanía de vivir sin temor y la libertad de los presuntos autores de un delito de no estar sujetos a la arbitrariedad estatal. La equidad en el sentido de una protección universal de todas las personas, no sólo de aquellos que puedan pagarla, y un castigo igual para todos los autores de un delito, no sólo para los que no pudieron acceder a un abogado que los defienda”. (2)
La seguridad ciudadana implica una lucha contra la delincuencia basada en la inteligencia, la investigación y la prevención, a través de una policía capacitada para llevar a cabo dichas tareas. Esto implica evitar estrategias puramente reactivas, como sacar al ejército a las calles, ya que, por su naturaleza de fuerza letal, incrementa las condiciones para que ocurran violaciones a los derechos humanos y; además, no incide en la disminución de la delincuencia y la violencia, tomando en cuenta que la mayoría de los delitos que se cometen son del fuero común y por tanto deben ser atendidos por la policía local. En todo caso, la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, debe tener objetivos específicos y, en consecuencia, metas claras y fechas concretas para cumplirlas, además, su actuación tiene que estar fiscalizada por áreas de derechos humanos y bajo el mando de autoridades civiles.
En esta lógica, los tres órdenes de gobierno deberían coordinarse para implementar una estrategia basada en fortalecer y reformar las policías locales, tomando conciencia de que los principales problemas son la falta de recursos y entrenamiento, lo que limita su capacidad para enfrentar a la delincuencia y también los vacíos y la corrupción en el sistema judicial, situación que abona a la impunidad. Una mejor capacitación de los policías es esencial, estudios de evaluación revelan que, aunque el 80% de los policías reciben cursos de capacitación al comenzar a ser policías, menos del 30% reciben cursos de especialización o que complementen su preparación posteriormente. Esto incluye cursos en temas como uso de la fuerza, presentación de pruebas, mediación de conflictos, derechos humanos y perspectiva de género. Aplicar estos cursos ayudaría a reducir los abusos, al enseñarle a los policías a actuar en el marco del respeto a los derechos humanos en distintas situaciones.
En síntesis, para atacar de raíz los problemas que tienen las policías locales, hay que llevar a cabo reformas que dignifiquen sus condiciones laborales, profesionalicen los procesos de reclutamiento y operación, fortalezcan la transparencia para vigilar el desempeño policial, eviten los abusos de poder, incentiven la investigación de los delitos y estas acciones se complementen con la participación ciudadana, a fin de recuperar la confianza en las fuerzas del orden, a través de la policía de proximidad y evitar la corrupción y la impunidad.
Es importante considerar que estas reformas requieren de un cambio a nivel municipal, estatal y federal y que tardarán un tiempo en dar efecto. Por lo mismo, es fundamental que la ciudadanía exija que se lleven a cabo en los distintos niveles de gobierno y con alcance de largo plazo. Con el convencimiento de que este es el camino correcto, el que suscribe, junto con un equipo de expertos en el tema de seguridad ciudadana y como miembros del movimiento “Ciudadanos Unidos por Oaxaca” (UNO), hemos elaborado una propuesta de política pública para reducir la inseguridad y la violencia, que tiene tres vertientes: 1) fortalecimiento institucional, en la que, desde luego, la idea es fortalecer a la policía local, pero también todo el sistema de procuración de justicia; 2) participación ciudadana, en la que la ciudadanía, a través de consejos ciudadanos, se involucra y colabora en mejorar las condiciones de seguridad vecinal y evita la corrupción y la impunidad, con base en la transparencia y 3) desarrollo sostenible e inclusivo, en la que, mediante la construcción de parques de bienestar, se pone al alcance de las zonas marginadas de la ciudad, diversa infraestructura con la que se crean oportunidades como la capacitación para el trabajo, arte y cultura, deporte y esparcimiento. Cabe destacar, que desde septiembre del año en curso, hemos estado impulsando esta estrategia en distintos foros, porque vemos con preocupación que el gobierno de la 4T, cierra los ojos a la realidad que revelan las estadísticas del comportamiento delictivo y pone oídos sordos a las víctimas y sigue empecinado con su política de “abrazos, no balazos” y en vez de fortalecer a las policías locales las está desmantelando, como lo deja ver el presupuesto de egresos 2021, en el que el gobierno federal suspendió el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG), un fondo destinado explícitamente a fortalecer las policías de los 286 municipios con mayor incidencia delictiva y su reducción coincidió con un aumento de 21% en el presupuesto destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por ello, te exhortamos a que te sumes a esta propuesta y nos ayudes a exigir a las autoridades de todos los niveles, que asuman su responsabilidad e instrumenten acciones más eficaces contra la delincuencia, la corrupción y la impunidad, empezando por abrir las puertas de sus oficinas, para escuchar a la ciudadanía y dar oportunidad de que se involucre en la construcción de soluciones para los problemas que le afectan.
Guía para debatir a favor de la seguridad ciudadana y la vía civil. MUCD y CIDE región centro. México 2021
Ibid.